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La Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía ha incorporado, total o parcialmente, las alegaciones presentadas por UGT-Andalucía dentro del «objetivo compartido» de mejorar las condiciones de los trabajadores del campo. Así se lo ha hecho saber el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, en una reunión mantenida en Sevilla esta semana con la secretaria general del sindicato, Carmen Castilla, y el nuevo secretario general de FICA (Federación de Industria, Construcción y Agroalimentaria) de la formación, Manuel Jiménez Gallardo, un encuentro en el que se abordaron los desafíos a los que se enfrenta el sector agroalimentario andaluz.
Sánchez Haro ha incidido en que la Ley tiene el objetivo de dar seguridad al sector para crecer con plenas garantías y alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Un apartado en el que, según ha aseverado, ocupan un lugar primordial retos como la calidad y la estabilidad en el empleo agrario, con una atención especial a la formación permanente de los trabajadores. El anteproyecto, en este sentido, apuesta por el fomento de la diversificación de los cultivos como una estrategia efectiva contra la estacionalidad, así como por incentivar los proyectos agroindustriales que redunden en la contratación de jóvenes, mujeres y colectivos desfavorecidos.
