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ASAJA ha interpuesto una queja ante el Defensor del Pueblo por el reiterado incumplimiento de la Ley 24/2013 que en su disposición final 5ª bis reconoce que “el contrato de acceso para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad”. Tres años después desde que la citada ley fuese modificada para recoger la doble potencia, mediante la ley 1/2018, sigue sin establecerse contrato alguno que posibilite a los regantes disponer de dos potencias eléctricas diferentes.
Desde ASAJA señalan que el pasado 30 de junio finalizó el plazo legal de seis meses (recogido en la Ley 11/2020) que tenía el Gobierno para establecer reglamentariamente una modalidad de contrato que contemplara las dos potencias diferentes en función de las necesidades de suministro del regadío. Por ello, “ante este flagrante incumplimiento de normativa legal”, ASAJA se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, y ha interpuesto una queja que confían “sirva para resolver definitivamente este contencioso que perjudica gravemente a los agricultores de regadío”.
En este sentido, ASAJA aclara que “a lo largo de los tres últimos años han sido numerosas las veces que han reclamado, tanto al ministerio de Agricultura como al de Transición Ecológica, la necesidad de poner en marcha esta modalidad de contrato, máxime cuando en la actualidad los costes eléctricos se han disparado y resultan inasumibles para los agricultores”, lamentando que “la repuesta de ambos ministerios sigue sin conocerse”.
ASAJA insiste en que “es de vital importancia poner solución urgente a este sobrecoste millonario que supone para los agricultores no disponer de la doble tarifa eléctrica y que les obliga a pagar por una potencia que no usan”, detallando que “la factura eléctrica del regadío se ha encarecido en los últimos años un 1.000% y supone ya casi el 50% de los costes de producción de una explotación regable”.
A todo ello añaden que “si tenemos en cuenta que uno de los problemas más acuciantes al que se enfrenta el sector agrario es el del diferencial entre los altos costes de producción y los bajos precios percibidos, podemos concluir que con falta de regulación de esta doble tarifa estamos poniendo en peligro a todo un sector con un gran peso económico y laboral de nuestra economía”.
En 2020, la superficie de cultivo regada en España superó los 3,8 millones de hectáreas, una superficie que representa tan solo el 14% de la superficie agraria útil pero que, sin embargo, contribuye a la Producción Final Vegetal con más del 50% y al Producto Interior Bruto con un 2,4 % y emplea al 4% de la población nacional ocupada. Y en este sentido, desde ASAJA recuerdan que “una hectárea de riego genera cinco veces más empleo que una de secano”.
