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El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha expresado su oposición a la candidatura a Patrimonio Mundial de Los Paisajes del Olivar, “siempre y cuando signifiquen limitaciones y obligaciones para los agricultores”, teniendo en cuenta que en un principio esta declaración afectaría a 144.000 hectáreas de olivar en Andalucía.
En el caso de la provincia de Córdoba, esta declaración alcanzaría a 80.000 hectáreas, y sería la más afectada de la región andaluza, siendo la zona de Montoro y su entorno la que más hectáreas abarca. También estarían dentro de este expediente, olivares de Adamuz, Almedinilla, Baena, Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Fuente-Tójar, Lucena, Luque, Priego de Córdoba y Zuheros.
Asaja Córdoba estaría de acuerdo con esta candidatura “si no afectara a los propietarios de las explotaciones”, ya que en esta propuesta se reflejan una serie de obligaciones para los agricultores como la inclusión de la inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, garantizando la salvaguarda de sus valores y la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación.
Otras cargas que llevará aparejada esta figura son la ejecución forzosa, los derechos de tanteo y retracto, la expropiación, la potestad de inspección de la Consejería de Cultura, la evitación de la contaminación visual o perceptiva, así como la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la consejería competente.
En consecuencia, Asaja Córdoba afirma que, “tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se verían seriamente afectados por esta catalogación”, añadiendo que “no debemos olvidar que estamos hablando de explotaciones agrícolas que han de ser rentables económicamente, sin que nos consten cuáles serán las supuestas ventajas del Plan Operativo Anual (POA) para los agricultores, ganaderos y propietarios”.
En este sentido, para la organización agraria “debe reconocerse el importante papel que implica el olivar en la economía de los pueblos y todas las actividades que ello conlleva porque son la única garantía de supervivencia del mundo rural” por lo que “con las limitaciones que conlleva esta declaración se va justo en sentido contrario”.
Además, para Asaja es preocupante que, a pesar de ello, las diferentes administraciones insistan en crear cada vez más figuras de protección, lo cual “es un grave error, no sólo para el desarrollo económico, sino para la propia conservación del medio ambiente por el abandono al que pueden conducir a muchas explotaciones”.
Asaja considera que, hoy en día, con las normativas de la PAC y las normativas sectoriales, “no son necesarias más figuras de protección ni más limitaciones”, pues ya están todas ellas sobradamente protegidas por las distintas leyes vigentes, siendo muy bueno su estado de conservación y presentando magníficos parámetros de biodiversidad, concluyendo que “no es razonable que el buen estado de conservación de algunos territorios, que se ha logrado a lo largo de los años gracias al buen hacer de agricultores, ganaderos, selvicultores y propietarios rurales en general, sea algo que les penalice”.
