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El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, acompañado de la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha hecho balance de los primeros ocho meses de Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rimsa) tras la modificación del Decreto-ley 14/2022 que regula su cuantía.
Sobre este asunto, Molina ha explicado que “comenzamos 2023 con un aumento del 45% de media en la Rimsa para así poder dar respuesta a las familias cordobesas más vulnerables debido al complejo escenario actual ante la subida de los precios y suministros básicos.
Con este cambio normativo se ha conseguido incrementar la renta autonómica equiparándola al Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es de ámbito estatal, al tiempo que se evitan desigualdades entre las familias que cobran la renta estatal y la andaluza y se da cobertura a aquellas que quedan fuera del IMV.
Molina ha detallado que “esta modificación reafirma el hecho de que las políticas sociales están siendo y serán un pilar básico del Gobierno de Juanma Moreno. Una senda que se inició la pasada legislatura y que va a ser especialmente necesaria para las familias más vulnerables”.
Este Decreto se centra en cuatro aspectos; las medidas puestas en marcha para mejorar la Renta Mínima de Inserción, que entre enero y agosto ha beneficiado a 742 cordobeses por valor de 2,6 millones de euros. “En la provincia de Córdoba estamos tramitando las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción de Andalucía presentadas a finales de septiembre y principios de octubre de 2023, cumpliendo sobradamente con los plazos establecidos para su tramitación, que es de dos meses”, ha asegurado el delegado del Gobierno en Córdoba.
Molina ha detallado que “pretendemos poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de ambas prestaciones, ante el silencio del Gobierno de España de una gestión conjunta del Ingreso Mínimo Vital, y dado que el cobro de ambas prestaciones deriva posteriormente en pagos indebidos que las familias se ven obligadas a reintegrar”.
La prestación base se ha incrementado de los 451 euros actuales a los 553. Además, se ha incrementado en un 30% por cada integrante de la unidad familiar. En el caso de familias monoparentales o aquellas que tengan algún miembro con discapacidad, cuentan con un incremento adicional del 22%. De esta manera la cuantía máxima ha pasado de los 839 euros a los 1.173.
