El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha reiterado su “no rotundo” al recorte del 16% del presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) que plantea la Comisión Europea (CE), agravado, ha recordado, por un “tijeretazo inadmisible” del 26% que Bruselas pretende dar al Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) que viene acompañado, además, por una mayor cofinanciación por parte de los Estados miembro.
Así lo ha puesto de manifiesto el responsable del Gobierno andaluz en Madrid durante su intervención en el Consultivo de Política Agrícola para asuntos comunitarios, donde, frente a la posible restricción a la inversión en regadíos, ha reivindicado la “eficacia demostrada” de las políticas sostenibles de agua en la lucha contra el despoblamiento.
Sánchez Haro, ante el periodo de negociación que queda por delante, ha incidido en la importancia de unir esfuerzos para conseguir, “entre todos”, una PAC “fuerte, buena para España y que se adapte a la diversidad de nuestra agricultura”. El reto, ha continuado, es “que nuestro sector agroalimentario no deje de avanzar en sostenibilidad y competitividad” y, con ello, “mantener vivos a nuestros pueblos”. En este punto, ha puesto el foco en la necesidad de ahondar en la eficiencia en el uso del agua a través de ayudas a la mejora de infraestructuras y elementos de riego. A su juicio, “es incoherente que se pongan límites, al contemplar subvenciones sólo para las masas de agua en mal estado, cuando se trata de una actuaciones que, en su conjunto, van enfocadas al ahorro de recursos”. Para el consejero, que aboga también por “nuevos pasos” hacia una mayor reducción del gasto energético, “hay que intervenir no sólo donde el recurso sea escaso y haya que mejorarlo, sino también allí donde está disponible”, ha sentenciado.
El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por otro lado, ha mostrado su “preocupación” por unas propuestas de la CE que “van en contra de una simplificación real”, en la medida en que, como ha explicado, “añade más complejidad a los pagos directos, amplía las exigencias a los agricultores y aumenta la carga administrativa”. El régimen de pequeños agricultores, si se confirmara este escenario, tendría los mismos controles y exigencias que el general, lo que, en la práctica, “certificaría su desaparición”. Tampoco tendría, según ha apostillado, ninguna ventaja, al eliminarse la excepción del cumplimiento de la condicionalidad.
Rodrigo Sánchez considera, además, que los planes estratégicos se deben diseñar y desarrollar a nivel regional. El consejero ha expuesto como “razones de peso” para ello la diversidad agraria y la propia estructura política y administrativa del país, sin olvidar la mayor vinculación y compatibilidad que se prevé entre los dos pilares de la Política Agrícola Común, las ayudas directas y el desarrollo rural. De igual modo, el responsable autonómico ha señalado que estos planes regionales “deben contar con un presupuesto asociado y su proceso de aprobación y modificación ha de ser ágil y simple”.