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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha presentado al Consejo de Gobierno un informe relativo a su petición de una reducción generalizada de los índices de rendimiento neto –conocidos como ‘módulos’- en el régimen de estimación objetiva del IRPF aplicables a las actividades agrarias que sufrieron fuertes descensos en sus rendimientos en 2021 por causas extraordinarias.
La Junta de Andalucía ha realizado esta solicitud al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por ser el encargado de elaborar un documento que recogen estas peticiones a nivel nacional para trasladarlas al Ministerio de Hacienda, departamento competente en la materia.
En concreto, la Junta pide al Ejecutivo central que se establezca un módulo de 0,10 para el olivar, los cereales, las leguminosas, las oleaginosas y los frutos secos, cultivos a los que ha afectado en gran medida la escasez de recursos hídricos de 2021 y que, en el caso del olivar, también ha sufrido estragos por episodios de granizo.
Tras consensuarlo con los representantes de las organizaciones agrarias, el Gobierno andaluz ha establecido tres bloques de reducción acumulable. Inicialmente se propone una reducción de aplicación general para todos los sectores en toda Andalucía que supondría rebajar los módulos en un 50%. El segundo bloque suma a este porcentaje otras rebajas concretas atendiendo a cada sector y cada causa específica del recorte de rentabilidad. Y, por último, se apunta que determinados municipios y provincias que han registrado en 2021 episodios concretos, como plagas o adversidades climáticas que han incidido en su productividad, cuenten con unos módulos aún menores.
La petición de la Junta de una reducción generalizada del 50% de los índices de rendimiento netos para todo el sector agrario andaluz se basa, principalmente, en el impacto que ha tenido sobre los agricultores y ganaderos el inusual incremento de los insumos empleados en la actividad agraria, tanto en relación con las materias primas como en el ámbito energético.
La subida de estos costes ha repercutido en las cuentas de las explotaciones andaluzas acentuando la situación de pérdida de poder adquisitivo que ya venían padeciendo los profesionales del campo. Por ejemplo, en el último año se han encarecido las semillas (+20%), los abonos (+48%) el agua (+33%), los plásticos para invernadero (+46%), el gasóleo (+73%) y la energía eléctrica (+270%).
A esta subida de los costes de producción se suman, además, los efectos de la sequía y la baja remuneración que reciben los agricultores y ganaderos. El precio de los productos agrarios se ha incrementado tan solo en 1,11 puntos respecto a 2015, que es la referencia fijada para estos cálculos, por lo que estos profesionales no han podido compensar el incremento de los medios de producción a través de esta vía.
