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La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) aplicará a las personas más desfavorecidas o con menos capacidad económica una reducción del 75%, y no del 50% como se venía haciendo hasta ahora, en la tarifa del servicio de gestión integral de residuos domésticos.
Esto conlleva una modificación del texto de la ordenanza provincial reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y municipales de la provincia de Córdoba (BOP 244, de 23 de diciembre de 2020).
El acuerdo para la modificación de esta ordenanza, a propuesta de la portavoz de Vox en la institución provincial y consejera de Epremasa, Yolanda Almagro, fue adoptado en el Consejo de Administración de Epremasa el pasado 7 de noviembre, y en él se incluyen novedades importantes. Por un lado, la posibilidad de que puedan ser beneficiarias de las bonificaciones aquellas personas que tengan la condición, no solo de perceptores de la renta mínima de inserción social, sino del ingreso mínimo vital.
Del mismo modo, podrían beneficiarse los propietarios de algún inmueble, que no sea su vivienda habitual, en un porcentaje igual o inferior al 25%. Como tercera novedad, se modifica el plazo de ejecución de solicitudes, pasando a ser de tres meses, del 1 de julio al 30 de septiembre, lo que permite tener datos tributarios más actualizados y conceder la ayuda con mayor exactitud en lo que a la aplicación de reducción se refiere.
Finalmente, se establece una bonificación para las empresas de distribución alimentaria y restauración que, con carácter ordinario, colaboren con entidades de economía social. Esta bonificación podrá ser del 25%.
En relación con estas propuestas, el presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha hecho referencia a que “pese a la situación económica de la empresa provincial, hemos procedido a buscar acciones que conlleven una importante carga de sensibilidad social”, asegurando que “las propuestas que presentamos irán acompañadas de una inyección de explotación de más de dos millones de euros, una medida que nunca se había realizado hasta el momento”.
Lorite ha concluido que “este equipo de gobierno está actuando con rigor y responsabilidad para evitar una situación insostenible de una empresa que realiza un servicio público básico y de carácter obligatorio para las entidades locales de la provincia”.
Para finalizar, la portavoz de Vox en la institución provincial y consejera de Epremasa, Yolanda Almagro, ha explicado que “se beneficiarán de la bonificación del 75%, entre otros, los jubilados o pensionistas, los que tengan la condición de perceptores de la renta mínima de inserción social y el ingreso mínimo vital, familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género y unidades familiares en las que, al menos, dos de sus miembros en edad de trabajar se encuentren en situación de desempleo”.
Almagro ha insistido en “la sensibilidad social que estamos demostrando con este acuerdo, ayudando a los más desfavorecidos, a los más débiles”.
