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El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha lamentado el incumplimiento del compromiso alcanzado hace cuatro años entre la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, y Almazaras Federadas de España (AFE) sobre los contratos de compraventa de aceituna entre agricultor y las almazaras industriales.
Fernández de Mesa ha explicado que hace ya cuatro campañas agrícolas Asaja Córdoba junto con AFE consensuaron con la AICA un contrato tipo de entrega de aceituna por los olivareros a las almazaras industriales que cumplía las previsiones normativas contenidas en la Ley 12/2013, en concreto, conseguir que los operadores de la cadena de valor, especialmente los agricultores y ganaderos, perciban la contraprestación suficiente y, en consecuencia, obtengan un beneficio adecuado a su actividad, como se indica en la exposición de motivos de la Ley de la cadena alimentaria.
Sin embargo, últimamente se ha tenido conocimiento de que ahora AICA está sancionando al cuestionar la legalidad de una de las cláusulas contenidas en el contrato tipo, concretamente la cláusula por la que el agricultor cobra de la almazara, a los 30 días desde que él da la orden de liquidación, y no desde que se realiza la entrega de la aceituna.
Con este cambio de criterio, Asaja entiende que se rompería el consenso al que se llegó “causando un grave perjuicio a los olivareros”. Se pasaría de tener unos beneficiosos contratos para los agricultores, a tener unos muy perjudiciales al romper los usos y prácticas del sector, al obligar a que los olivareros cobren sus aceitunas a los 30 días desde su entrega a la almazara, en vez de a los 30 días desde que ellos dan la orden de vender el aceite de sus aceitunas, que es lo que quieren y necesitan los olivareros.
A ello, habría que añadir también que, si las almazaras tienen que pagar a todos los agricultores a los 30 días desde que les entregan las aceitunas, “ello conllevaría unos tremendos efectos perniciosos para los olivareros y el mercado, al verse las almazaras obligadas a vender de forma rápida todo el aceite para disponer de tesorería y poder pagar a los agricultores”. En dos o tres meses, se saturaría el mercado con lo que ello podría suponer para el precio de aceite. Sólo se verían beneficiadas las almazaras que tuviesen pulmón para comprar mucho aceite y especular con él, no los olivareros.
Asaja Córdoba afirma que, con ello, “no se mejora el funcionamiento de la vertebración de la cadena alimentaria, no se consigue un mayor equilibrio ni tampoco una mejora en la transparencia en las relaciones comerciales”. Para la organización agraria, la posición que toma ahora la AICA es “inaceptable”, incumple un compromiso de hace años y supone un grave ataque al sector por parte del Ministerio de Agricultura al llegar las primeras sanciones a las almazaras creando así una gran incertidumbre y otro problema más para el conjunto del sector olivarero.
