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El viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Miguel Ángel García, acompañado por el delegado territorial de esta consejería, Ángel Herrador, presentaron ayer en Córdoba el `Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones laborales en Andalucía´ y el balance de actuación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante el año 2019 en la provincia de Córdoba.
Según ha explicado el delegado de Empleo, durante el pasado año “se han ofertado en la provincia de Córdoba 21.159 puestos de empleo, materializándose los contratos de 20.134 candidatos, lo que representan un 95% de cobertura”, por lo que ha destacado el alto rendimiento de los trabajadores que conforman las 28 oficinas de empleo de la provincia y “la profesionalidad de los empleados públicos” que conforman esta Agencia SAE, adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Con respecto a la intermediación laboral, además de las ofertas y las más de 337.000 renovaciones de demanda, el delegado ha subrayado el trabajo intenso que han desarrollado los técnicos en atención a los demandantes, ya que “de promedio mensual, han atendido a 1.355 demandantes de empleo en cada oficina”.
Tras el balance del SAE en Córdoba, el viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo Miguel Ángel García, ha presentado el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, un documento estratégico de la Consejería que tiene el objetivo de ampliar y mejorar el diseño y la gestión de los servicios y políticas activas de empleo para hacerlas eficaces para la sociedad andaluza. “Este plan asienta los pilares para el posterior desarrollo de actuaciones específicas en las diversas competencias atribuidas la Consejería” según ha explicado García.
El documento, estructurado en cinco capítulos se inicia con un análisis de la situación de partida, ante el estancamiento en los últimos 25 años, de variables tan importantes como el PIB por habitante (en torno al 75% de la media nacional); la tasa de paro estructural (20% de la población activa, siete puntos por encima de la media nacional) o la existencia de un patrón productivo concentrado en exceso en sectores económicos de inferior valor añadido.
El análisis previo también refleja problemas estructurales como el elevado desempleo juvenil, la temporalidad, el paro de larga duración o el bajo nivel formativo de la población, alertando del riesgo de una “cronificación del desempleo” con datos como que el 50% de las personas en edad de trabajar no dispongan más allá de los estudios secundarios obligatorios.
Se añaden a este capítulo de análisis previo el bajo nivel de intermediación del servicio público de empleo; el mal desempeño en el uso de los recursos financieros externos, puesto de manifiesto en la pérdida de 1.319 millones de euros de fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo en el periodo 2012-2018; o una inexistente cultura de evaluación de los resultados de las políticas aplicadas.
