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El presidente de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba (Epremasa), Andrés Lorite, ha informado sobre la situación económica real de la empresa provincial, una vez ha tenido lugar el Consejo de Administración de dicha sociedad, en el que han sido aprobadas por unanimidad las cuentas de 2023.
En este sentido, el también vicepresidente primero de la institución ha manifestado que “dichas cuentas arrojan unas pérdidas contables de casi siete millones de euros, tal como ya pronosticaba la dirección financiera de la empresa desde el mes de septiembre”, señalando que “la primera causa de este déficit es la imposición de un impuesto estatal que recauda el Ministerio de Hacienda y que se aplica con carácter nacional desde el 1 de enero de 2023, el llamado impuesto al vertedero, que ha supuesto unos costes de explotación de más de 4,5 millones de euros”.
El presidente de Epremasa ha continuado explicando que “las otras causas son el incremento de los costes de los servicios de recogida y tratamiento subcontratados a empresas, a consecuencia de la inflación, y una reducción de los ingresos por venta de materiales recuperados”.
El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución ha hecho hincapié en que “lo que subyace a todo esto es una falta de previsión en el ejercicio de 2023 porque este impuesto se sabía que venía y el incremento de costes también, pero la dirección de Epremasa en 2022 no adoptó ninguna medida que pudiese evitar el déficit”.
Con respecto a las medidas que ha adoptado la empresa, el máximo responsable de Epremasa ha recordado que “para el año 2024 se ha aprobado una revisión del 40,8 % en las tarifas de recogida y tratamiento con la que pretendemos salvar a la empresa de la quiebra”.
Lorite ha recordado que “el director financiero de la empresa planteaba una subida del 51% en las tarifas para asumir los costes de explotación, pero gracias a que inyectamos una subvención de explotación por valor de más de dos millones de euros hemos conseguido que el incremento sea del 40%”.
Con respecto a las inversiones que había previstas, Lorite ha explicado que “el presupuesto para 2023 contaba con 8,8 millones de euros para inversiones pero se ha ejecutado sólo el 15% por lo que hay ayuntamientos que llevan años esperando” y se ha mostrado satisfecho por el inicio de la obra de soterramiento de un centenar de contenedores en Lucena, pero ha recordado que “hay un incumplimiento de obligaciones inversoras en municipios como Villafranca, Baena, Posadas, Palenciana o La Rambla”.
Por último, el presidente de Epremasa ha abundado en que “no nos gusta subir tarifas, pero es aún menos responsable dejar que quiebre una empresa y que deje de prestar unos servicios básicos como los de recogida y tratamiento de residuos domésticos. Vamos a salvar de esta situación de quiebra a Epremasa y a cumplir con los compromisos inversores que se han dejado de cumplir durante años”.
