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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto en valor el trabajo que viene realizando la Junta de Andalucía por el sector agrario y ha reclamado la colaboración del Gobierno central y de la Unión Europea (UE) para que soliciten a Bruselas una “flexibilización de la Política Agraria Común (PAC)”.
En este sentido, Crespo ha dicho que la “Unión Europea tiene que hacer un esfuerzo para adaptar y modificar su legislación para que el sector agrícola consiga ser más competitivo porque si no, puede dejar de ser un sector económico rentable y estratégico como lo es ahora para Andalucía”.
La consejera ha enviado desde el Parlamento autonómico un mensaje de respaldo a sus reivindicaciones justas de estos días de protestas en las calles. Asimismo, Crespo ha anunciado que la Junta de Andalucía va a dotar con 125 millones de euros más las ayudas agroambientales, sumando un total de 691 millones de euros de ayudas al campo andaluz.
De igual forma, la dirigente popular ha destacado otras medidas que han impactado directamente sobre el sector, tales como las ayudas para el asesoramiento a las Organizaciones de Productores o las obras hidráulicas que se están poniendo en marcha para el uso de aguas regeneradas que “son cruciales para el sector”.
Durante su intervención, la consejera de Agricultura ha puesto en valor la alianza que el Gobierno andaluz ha renovado con las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) para establecer unas alegaciones que permitan cambios estratégicos en la Política Agraria Común (PAC) a partir de este 2024, así como ampliar la flexibilización del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) con el acento puesto, principalmente, en los ecorregímenes.
Entre las alegaciones al Pepac presentadas por Andalucía se encuentra la modificación del modelo regional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para corregir la ubicación de zonas andaluzas que han quedado encuadradas en regiones que no se corresponden con su estructura productiva.
Por otro lado, desde la Comunidad Autónoma andaluza se subraya también la necesidad de adaptar el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la normativa relativa a ambas iniciativas para asegurar que el avance en sostenibilidad se base, entre otras cuestiones de relevancia, en criterios científicos y estudios de impacto socioeconómicos que avalen su viabilidad.
