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La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) celebró ayer su asamblea anual, donde, entre otros asuntos, el presidente de la organización agraria, Ignacio Fernández de Mesa, propuso los objetivos a desarrollar en los próximos meses. Estos se centran fundamentalmente en seguir trabajando contra el impuesto de sucesiones en Andalucía, así como en la defensa de una nueva PAC fuerte que cohesione económica, social y territorialmente a la Unión Europea, además de continuar con la denuncia de los robos en el campo.
Fernández de Mesa afirmó que necesitamos «una PAC consecuente con los tiempos que nos toca vivir, con mercados globalizados y extremadamente volátiles, que sea capaz de dar soluciones eficaces de gestión de mercados e imponer transparencia y equidad en las relaciones comerciales». No obstante, continuó, «también queremos una PAC que promueva la innovación a favor del desarrollo productivo sostenible». Consideró que «ahora más que nunca necesitamos una PAC potente, eficaz y con presupuesto suficiente para afrontar el compromiso de alimentar a 500 millones de personas y gestionar y cohesionar responsablemente el 80% del territorio comunitario».
En la asamblea también se abordó el problema de los robos en el campo, por lo que se insistió en la necesidad de dotar de más medios técnicos y humanos para «seguir avanzando» en la línea que se comenzó con la creación de los equipos ROCA de la Guardia Civil tras muchos años de reivindicaciones por parte de Asaja y los agricultores, consiguiendo que finalmente se activara esta unidad. Junto a ello, se destacó la importancia de un plan de inspección de puntos de compra sospechosos de aceituna robada y conseguir que las instituciones públicas se impliquen realmente para «hacer frente a una realidad que perjudica a todos los agricultores».
En la misma sesión se abordó «la injusticia del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, donde los andaluces son penalizados respecto al resto de españoles, siendo de facto ciudadanos de segunda clase». Así, Asaja defendió su eliminación al entender que la reforma llevada a cabo «es insuficiente pues tiene importantes sombras que deben aclararse o corregirse» y, sobre todo, que esta nueva norma «sólo es aplicable a una ínfima parte de los titulares de explotaciones agrarias andaluzas, quedando la inmensa mayoría en la misma situación que antes de esta reforma».
«El único camino que debe recorrerse es ir a la supresión de este injusto impuesto, que esperamos que pueda conseguirse a lo largo de este año 2017 con el esfuerzo y compromiso de la administración autonómica», afirmó Fernández de Mesa, quien añadió que la Junta ha dado un paso adelante «muy parcial que debería corregirse en este año ya que deja fuera de la norma a la inmensa mayoría del sector agrario andaluz, pues seguirán afectadas por este impuesto».
FUENTE: EL DÍA DE CÓRDOBA
