viernes, 29 marzo 2024
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Agricultores de la DOP Baena en una imagen de archivo de una manifestación para reclamar precios justos para el aceite de oliva.

Los agricultores reclaman la prohibición de la venta a pérdidas

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han firmado un comunicado, bajo el título “El avance necesario para un reparto equitativo del valor”, en el que piden incluir la prohibición de la venta a pérdidas en la Ley de la Cadena Alimentaria.

Los representantes de estas organizaciones agrarias, Pedro Barato, presidente de Asaja; Miguel Blanco, secretario general de COAG, y Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, señalan que con la aprobación de la Ley 12/2013, España se convirtió en un país pionero en la regulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria, contribuyendo a su mejor funcionamiento.

Esta ley supuso un cambio de paradigma, con la contratación por escrito obligatorio como baluarte, que encontró – y encuentra – muchas resistencias. Sin embargo, está comúnmente aceptada como positiva y ha supuesto incluso un referente a la hora de extenderla al conjunto de la UE con la Directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales.

Consideran que “es evidente que no fue suficiente y queda mucho por andar. La reivindicación de unos precios justos para nuestras producciones impulsó las multitudinarias movilizaciones agrarias de enero y febrero de 2020, sin precedentes desde las históricas de 1977. Desde su punto de vista, las movilizaciones lograron algunos objetivos y precipitaron un nuevo cambio de paradigma: construir los precios desde el valor de nuestros productos.

El comunicado continúa señalando que “lo que pedíamos, y pedimos, es una legislación que ayude a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y, en definitiva, a construir una cadena alimentaria eficiente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo.

Consideran que ahora es el momento de consolidar estos cambios y seguir avanzando en la dirección correcta. No podemos pretender que la Ley de Cadena vaya a solventar todos los problemas que afrontamos los productores, pero ha de servir para aliviar una parte de ellos. Hay que aprovechar la oportunidad. Las lagunas aún existentes deben cubrirse, con voluntad política y sin suponer un importante aumento presupuestario, en el actual trámite parlamentario, que incluye la transposición de la citada Directiva.

“Las organizaciones agrarias partimos de una idea fundamental: el funcionamiento del mercado de un sector tan estratégico como el agrario exige la atención de los poderes públicos y, por ello, deben establecerse normas para mejorar su funcionamiento. Porque se trata de garantizar la soberanía alimentaria, la gestión del territorio y el cuidado del medio ambiente”.

Frente a quienes dicen que no se puede ir contra el mercado, que establecer en la ley algo tan obvio como que a cada eslabón de la cadena hay que exigirle que sea generador de riqueza o que aporte valor al producto que pasa por sus manos, que hacer eso es un absurdo porque las leyes del mercado son inalterables, nosotros defendemos que ha llegado el momento de cambiar la cultura de la conformación de precios de los productos agroalimentarios.

Estamos ante una oportunidad real para que la construcción del precio de un producto se haga desde la producción, de tal forma que remunere de manera justa el trabajo, la inversión y el riesgo que los agricultores y ganaderos aportamos en la generación de ese producto. A partir de ese precio, cada eslabón deberá incorporar el equivalente al valor que agrega al producto hasta llegar al consumidor.

También consideran necesario “crear un registro electrónico de contratos, no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la AICA, agencia que, por otro lado, debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las CCAA y con la UE”.

Demandan la inclusión del canal Horeca y de las Organizaciones de Productores (OP) en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas o SAT, correctamente consideradas en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.

Además, se ha de clarificar y reforzar la figura del mediador, apenas mencionado actualmente en una disposición final. Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.

Finalmente, y entre otras cuestiones, consideran necesario “que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones”.

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