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La Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias han coincidido en la necesidad de elaborar un plan especial que contemple más personal y más medios contra los robos en el campo, así como endurecer la normativa contra las sustracciones de productos.
Así se ha puesto de relieve en la reunión que han mantenido el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, con el presidente de ASAJA, Ignacio Fernández de Mesa, el secretario general de Córdoba y de Andalucía de la UPA, Miguel Cobos, la secretaria general provincial de COAG, Carmen Quintero, y el gerente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, Joaquín García. Este acuerdo se hará llegar al subdelegado del Gobierno.
Todos los presentes en la reunión han coincidido en valorar muy positivamente el trabajo que desarrollan las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y particularmente la Guardia Civil por estar presente en todos los territorios, si bien han señalado la necesidad de aumentar el número de efectivos y de medios con los que cuenta este Cuerpo.
Los representantes agrarios han agradecido a la Delegación de Agricultura su respaldo para realizar un análisis de la situación y para aumentar la seguridad en el campo.
El presidente de ASAJA, Ignacio Fernández de Mesa, ha lamentado ‘no solo el perjuicio, sino la desmoralización que los robos causan en los agricultores’ y ha propuesto que la Guardia Civil pida a todo vehículo sospechoso la guía ‘Conduce’, que recoge el origen y destino de los productos.
El secretario de UPA, Miguel Cobos, ha señalado el esfuerzo que hacen los agricultores con guardería privada, y ha reclamado un plan especial de vigilancia y control contra los robos, ‘que, ha dicho, ponen en peligro a los agricultores’.
Por su parte, la secretaria de COAG, Carmen Quintero, ha reivindicado que el control y vigilancia se extienda a los centros de compra, para evitar que los productos robados puedan venderse.
Finalmente, el representante de las cooperativas, Joaquín García, ha criticado la escasa punidad de las medidas contra el robo de productos agrarios y ha pedido una modificación del Código Penal para aumentar las sanciones.
