martes, 23 abril 2024
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La delegada de Fomento, Cristina Casanueva y el director provincial de AVRA, Juan Ramón Pérez, presentando el balance de actuaciones de 2019 y 2020 en la provincia.

La Junta invierte más de 800.000 euros en obras de mantenimiento y conservación del parque público de viviendas

La delegada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cristina Casanueva y el director provincial de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Juan Ramón Pérez, han realizado un balance de las actuaciones de adecuación y reparaciones ejecutadas por AVRA durante 2019 y 2020 en la provincia.

La Agencia de Rehabilitación y Vivienda de Andalucía ha realizado en dos años 397 actuaciones en 24 municipios que benefician a 3.409 viviendas con una inversión total de 811.562 euros. La localidad de Baena ha sido una de las ciudades beneficiadas de estas obras.

Así, a pesar de la pandemia, en Baena se realizaron el año pasado obras de mantenimiento y conservación en un total de 15 viviendas de titularidad pública, mientras que en 2019, se actuó en nueve inmuebles. Casanueva ha señalado que estas actuaciones son “esenciales para la salubridad, seguridad y habitabilidad de los vecinos”.

De igual forma, la delgada de Fomento ha explicado que las obras realizadas durante estos dos años han sido intervenciones menores de reparación, mantenimiento y conservación, “previstas en la planificación anual de AVRA para atender necesidades en las zonas comunes de los edificios de viviendas, y otras incidencias sobrevenidas, tanto en viviendas como en espacios e instalaciones comunes, tales como atascos en saneamientos, pequeñas roturas o averías o adecuaciones de viviendas recuperadas”.

Casanueva ha explicado que “buena parte de las actuaciones han sido en viviendas cuya posesión ha recuperado AVRA, bien tras la renuncia voluntaria de sus anteriores adjudicatarios u ocupantes, o mediante la ejecución de autos judiciales después de tramitar expedientes de desahucio por malos usos de dichas viviendas, por ocupaciones ilegales o por no ser utilizadas como domicilio habitual y permanente por sus adjudicatarios, a lo que les obligan los contratos de arrendamiento”.

Una vez recuperadas y adecuadas para ser nuevamente habitadas, estas viviendas se ponen a disposición de los registros municipales de vivienda protegida de cada municipio, para designar a las familias que serán las nuevas adjudicatarias.

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