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El Ayuntamiento de Baena va a contar con 88.806 euros procedentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía para la financiación del equipo de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección que opera en la localidad.
Una cantidad que se incluye en los más de 1,3 millones de euros que la Junta ha destinado en esta línea de ayudas para la provincia de Córdoba, figurando como beneficiarios la Diputación de Córdoba y los ocho ayuntamientos de municipios cordobeses con más de 20.000 habitantes, entre los que también se incluye a Baena.
En concreto, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado esta pasada semana la Orden de la transferencia correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2023 por un total de 888.060 euros, a esta cifra hay que sumar el pago desde el 1 de enero al 30 de abril de 2023 que asciende a 444.030 euros. La previsión es que, con estos fondos, que suman 1.332.090 euros, sean atendidas 600 familias y más de 1.100 menores cordobeses.
En concreto, en el caso de la provincia de Córdoba, los fondos se repartirán entre la Diputación provincial que recibe 355.224 euros, al igual que el ayuntamiento de la capital cordobesa, Córdoba, y los municipios de Baena, Cabra, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego y Puente Genil, que contarán 88.806 euros cada uno.
Este programa tiene como objetivo proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo o desprotección, un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se trata de preservar los derechos de los niños y niñas, promoviendo su desarrollo integral en su medio familiar; y posibilitar su retorno a la familia de origen en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
Pieza clave en la protección
Para la consejera de Inclusión Social, Juventud y Familias e Igualdad, Loles López, los equipos de tratamiento familiar son una pieza clave del sistema de protección de los y las menores, y así aparece recogido en la Ley de Infancia y Adolescencia, “que apuesta de forma decidida por la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con el objetivo siempre en mente de proteger a la población infantil y detectar aquellas situaciones de riesgo que comprometen su bienestar”.
Asimismo, y tras destacar la labor de estos profesionales multidisciplinares, ha recordado que las intervenciones llevadas a cabo a través de estos equipos evitan en más del 80% de los casos la separación del medio familiar, “por lo que los y las menores pueden permanecer en su hogar, con los suyos, como es nuestro objetivo”. “Son unos datos que nos reafirman en la necesidad de extender y consolidar la red de equipos de tratamiento familiar y los programas y recursos de apoyo a las familias”, ha proseguido.
Estas transferencias se realizan conforme a lo dispuesto en el Decreto 100/2022, de 7 de junio, por el que se regula el Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, “afianzando la continuidad del servicio y dando estabilidad a los equipos”.
Más de 13,8 millones en Andalucía
En el conjunto de Andalucía la inversión ha superado los 13,8 millones de euros (13.828.437 euros), de los cuales, 4.603.132 millones corresponden al periodo enero-abril y 9.225.305 millones al periodo mayor-diciembre de 2023. De esta inversión se benefician 93 entidades locales, entre las ocho diputaciones provinciales y 85 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. La previsión es que sean atendidas unas 6.000 familias y 12.000 menores andaluces.
En la actualidad, estos equipos para el tratamiento a familias están integrados en toda la comunidad por 462 técnicos y 93 personas coordinadoras con el fin de mejorar las condiciones de las familias en situación de riesgo social, de manera que puedan ejercer adecuadamente sus funciones parentales y evitar la separación de padres, madres, hijos e hijas.
