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La Diputación de Córdoba se ha sumado a las reivindicaciones de organizaciones agrarias y sindicales en defensa del olivar y de unos precios justos para el aceite de oliva, unas demandas que culminarán con una manifestación el próximo día 9 de julio en Sevilla.
El diputado provincial Francisco Ángel Sánchez, responsable de Agricultura en el anterior mandato, ha mostrado su preocupación por la situación y ha solicitado que “se tomen medidas por parte del Ministerio y la Consejería para poner fin a esta bajada de precios porque el sector del olivar y el futuro de nuestros pueblos y comarcas está en peligro”.
“Queremos reivindicar la importancia del aceite de oliva en nuestra provincia, ya que el 50 % de la superficie útil se destina al olivar, con con una importante producción de alrededor de 320.000 toneladas y una superficie de 350.000 hectáreas, por eso apoyamos la manifestación de la próxima semana”, ha señalado.
La secretaria provincial de COAG Córdoba, Carmen Quintero, ha insistido en la necesidad de defender el sector del olivar de Córdoba y Andalucía porque “nos encontramos con una caída injustificada de precios, con costes de producción de aceite de oliva en secano de entre 2,95 y 2,16 euros y en regadío intensivo de 1,88 euros, y los precios en origen del virgen extra han descendido en Andalucía un 25%”.
En cuanto a sus reivindicaciones, Quintero ha explicado que “le pedimos a la administración andaluza mayor control aduanero, mejorar el sistema de control de calidad, ya que hay sólo un inspector por provincia, y la creación de una agencia específica del aceite de oliva”.
En lo que respecta al Gobierno central, ha señalado como medidas necesarias el llevar a cabo una investigación de la situación del mercado, el incremento de los precios para el almacenamiento, controles fiscales a industria y envasadoras y la activación de mecanismos de regulación.
Finalmente, Manuel Merino, secretario de Empleo de CCOO Córdoba, ha abundado en que “en Córdoba existe una fuerte dependencia del olivar, que genera empleo directo e indirecto, y existen problemas importantes que atajar como la fijación de precios, que depende de grandes distribuidoras que en muchos casos no son de capital español. Además hay que hablar de la PAC, que no garantiza un precio mínimo en origen y que permite grandes subvenciones a grandes propietarios”.
