El nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación (2016-2020) ha recibido el respaldo del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), con lo que pone fin a la tramitación administrativa del mismo antes de su aprobación próximamente por parte del Consejo de Gobierno. El informe emitido por el CES da luz verde así al plan y comparte su necesidad, valorando de forma positiva el nuevo enfoque con que se aborda la problemática de la vivienda con una apuesta clara por el fomento del alquiler como principal modo de acceso y por la rehabilitación.
Este organismo destaca la importancia social de los objetivos del plan y apoya el intento de adaptar su enfoque a las nuevas circunstancias económicas y financieras, distintas a las de planes anteriores en los que se abogaba por el acceso mayoritario mediante el sistema de compra de viviendas, frente a la prioridad actual de promover el alquiler y el alquiler con opción a compra como el modelo que mejor se adapta a las necesidades y situación socioeconómica de la ciudadanía en estos momentos.
Entre las novedades del informe emitido por el CES, destacan la previsión de convocar ayudas para la elaboración, revisión y adaptación de los planes municipales; la delimitación de los grupos de protección, incorporando las personas desempleadas, las familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza y las personas en riesgo de exclusión social; el sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios para evitar este drama y paliar sus consecuencias; las viviendas protegidas de precio limitado y la previsión de cláusulas sociales en la contratación pública de las actuaciones del plan.
El plan tendrá una proyección financiera que alcanzará los 700 millones de euros de inversión contando con recursos autonómicos, estatales y europeos. A este respecto, este organismo sostiene que representa un avance respecto a la planificación anterior y valora que haya una programación de actuaciones y una previsión económica, además de destacar el papel y participación de los ayuntamientos en el mismo a través de sus planes municipales de vivienda y de los Registros de Demandantes de Vivienda que gestionan los consistorios.
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