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El Ayuntamiento de Baena y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía han renovado el convenio de colaboración para la financiación de los equipos de tratamiento a familias (ETF) con menores en situación de riesgo o desprotección. El acto de firma tuvo lugar este pasado viernes en Córdoba, estando presente por parte del Ayuntamiento de Baena la concejala de Servicios Sociales, Lidia Pozo.
Este acuerdo supondrá para Baena una inversión en 2021 de 88.806 euros, mientras que a nivel provincial serán un total de 1,3 millones de euros que beneficiará a nueve entidades locales –Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil- así como a la Diputación provincial y permitirá atender a más de 566 familias y 1.135 menores.
Durante el acto de firma, el delegado territorial de Igualdad, Antonio López, acompañado por el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz; el presidente del IPBS, Francisco Ángel Sánchez; y representantes de los municipios de más de 20.000 habitantes de la provincia de Córdoba, ha explicado que este convenio abunda en el reconocimiento de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona que recoge la nueva Ley de Infancia, ya en trámite parlamentario tras salvar la enmienda a la totalidad con el apoyo de la mayoría de la Cámara.
López ha detallado que esta norma tiene, entre otros objetivos, “orientar las políticas públicas para dar una atención integral a los menores abordando sus necesidades físicas, pero también las psicológicas, emocionales, sociales e incluso del propio entorno medioambiental”.
Los programas de tratamiento familiar cumplen un doble objetivo: por un lado eliminan y cortan la conducta de maltrato, y por otro persiguen instaurar y potenciar conductas positivas de relación familiar. El tratamiento a realizar tiene como finalidad promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro.
“Se trata de proporcionar a las familias un recurso específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras, de forma que puedan compensar así la situación de riesgo o desprotección que afecta, directa o indirectamente, al bienestar de los menores”, ha detallado Antonio López.
La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años que se hayan propuesto medidas de protección para menos del 5% de los niños y adolescentes atendidos por este servicio en la comunidad.
El delegado territorial ha destacado la labor del Programa de Tratamiento Familiar para “proteger a los niños en situación de vulnerabilidad”. “Se trata de un recurso que constituye un pilar fundamental de la prevención y atención a la ciudadanía para el logro de unas mejores condiciones de vida, dado que se orienta a la preservación familiar, para que los niños puedan continuar con sus familias abordándose situaciones de riesgo y desprotección”, ha subrayado.
López ha querido agradecer también el esfuerzo y dedicación de los equipos de tratamiento familiar (ETF) que, a pesar del confinamiento y la pandemia, “han continuado haciendo un seguimiento a las familias para dar apoyo emocional, acompañamiento y orientación de los distintos recursos que la Consejería pone a disposición de la familias, como la Renta Mínima de Inserción Social, las Pensiones no Contributivas, las Ayudas Económicas Familiares o las Tarjetas Monedero”.
Los programas de tratamiento familiar cumplen un doble objetivo: por un lado eliminan y cortan la conducta de maltrato, y por otro persiguen instaurar y potenciar conductas positivas de relación familiar. El tratamiento a realizar tiene como finalidad promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro.
“Se trata de proporcionar a las familias un recurso específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras, de forma que puedan compensar así la situación de riesgo o desprotección que afecta, directa o indirectamente, al bienestar de los menores”, ya que como ha detallado Antonio López, “la familia juega un papel básico en el desarrollo infantil por los vínculos afectivos que en ella se establecen, por lo que es muy importante el esfuerzo y compromiso de las administraciones para satisfacer y preservar ese derecho de los niños, niñas y adolescentes a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferentemente con sus padres”.
Esta actuación se revela fundamental, además, en aquellos casos que implican medidas de protección que suponga la separación del menor de su entorno familiar, ya que posibilita el retorno a la familia de origen. La reunificación familiar se erige así como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores, primando siempre su interés superior.
