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Asaja Córdoba ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) un desembalse “urgente” de agua “ante la falta de previsión de lluvias en los próximos 15 días, la sequía que se viene arrastrando y las altas temperaturas de las últimas semanas”.
Asimismo, piden que “se escuche y se haga caso a las demandas de los agricultores de Córdoba, como quedó patente el pasado día 30 de marzo, en la concentración conjunta que hicieron Asaja, COAG y UPA en Sevilla”.
La organización agraria explica que “la pésima climatología y la falta de agua que estamos teniendo este año” ha generado un adelanto generalizado de las cosechas y la floración, lo cual hace que “el aporte de agua sea necesario con anterioridad a lo previsto y, por tanto, sea preciso un adelanto de la campaña de riego porque no se puede esperar más”.
Asaja destaca que los regantes son conscientes de la realidad en la que se encuentran los embalses de la regulación general y respetan los acuerdos por los que, en la situación más desfavorable, se prevé desembalsar 375 Hm3. Por ello, matizan que “no se está pidiendo más agua sino un adelanto” de los desembalses para las distintas zonas regables de Córdoba que necesitan un riego de emergencia urgente para los productos hortícolas de invierno como los ajos, cebollas, melones, etcétera; para no perder las cosechas, aunque ya están muy mermadas, y para los cultivos con la floración adelantada, como el olivar y el almendro, entre otros. “Todos ellos son cultivos que necesitan el agua ahora más que en verano” señalan.
Ante esta situación, desde Asaja Córdoba y en nombre de miles de regantes, se pide a la CHG que “no demore más la decisión y autorice un adelanto inmediato de los desembalses de forma urgente”, para que los agricultores de estos cultivos y otros que necesitan el agua ya, y no en verano, puedan realizar estos riegos “de extrema urgencia y vital importancia para estos cultivos y con cargo a sus dotaciones”.
En definitiva, no se pide más agua, sino un adelanto de los desembalses para que permita salvar los cultivos y la economía de las zonas afectadas. “No hacerlo es injusto, haría que no puedan usar sus dotaciones y afectaría gravemente al empleo de los municipios cordobeses”, concluye la organización agraria.
