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La Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este (Adegua), junto a otros tres Grupos de Desarrollo Rural Andaluces, han puesto en marcha la promoción de las Comunidades Locales de Energía en las zonas rurales de Andalucía. Concretamente, se trata de un Proyecto de Cooperación denominado LICLE y se enmarca en el contexto político europeo y nacional que se propone situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética.
La Directiva comunitaria de fomento de las energías renovables aprobada en 2018 instaba a los Estados miembros a garantizar que los consumidores organizados en comunidades tengan derecho efectivo a producir la energía de fuentes renovables a la vez que mantener sus derechos u obligaciones como consumidores finales.
En nuestro país, la propuesta ya fue recogida en el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Justo en estos días el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto una Consulta Pública Previa donde invita a las partes interesadas a expresar sus puntos de vista acerca de la configuración jurídica, el marco facilitador o el rol de los actores implicados para promover la puesta en marcha de este tipo de Comunidades Locales de Energía.
El Proyecto LICLE ha sido presentado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible por los Grupos de Desarrollo Rural del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba, Medio Guadalquivir, Guadalhorce y Aljarafe-Doñana y se propone llevar a cabo un proceso de capacitación de habilidades entre los actores implicados en la dinamización rural de estas comarcas para que se promuevan los necesarios diagnósticos y definan las hojas de ruta con los actores locales que conduzcan a la constitución de una red de Comunidades Locales Energéticas en el medio rural andaluz.
La activa participación de los municipios dota al proyecto de un marcado carácter social que pretende con este tipo de iniciativas contribuir a la lucha contra la pobreza energética con soluciones sostenibles que empoderen a los propios consumidores y en particular a colectivos de mujeres que de manera específica se enfrentan a este problema.
La implicación de empresas locales como proveedoras e instaladoras será además un mecanismo de localización de la riqueza económica y facilitará la creación de empleo que podrá atraer y mantener a los jóvenes rurales en el territorio. En resumen, se trata de una iniciativa alineada con los grandes retos de las políticas “verdes” así como de recuperación económica y transición energética postuladas desde la Unión Europea y el Estado español.
