jueves, 28 marzo 2024
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La Mesa Social del Agua reclama una transición hídrica justa

La Mesa Social del Agua en Andalucía, formada por organizaciones sociales, sindicales, agrarias, empresariales, ecologistas, ciudadanas y científicas, ha presentado un decálogo para una transición hídrica justa, “un consenso ejemplar para toda España”.

Ante la salida del estado de alarma y la entrada en una incierta etapa de nueva normalidad, los debates urgentes sobre el agua se acumulan. Por una parte, el fin de la prohibición de los cortes de agua a las familias vulnerables puede descubrir situaciones sociales y empresariales complicadas. Por otra, en plena dificultad derivada de la situación de pandemia, la planificación hidrológica y el pacto del agua siguen avanzando sin la necesaria atención y participación pública, a pesar de tratarse de procesos de decisión que condicionarán las políticas del agua en los próximos años.

Este decálogo es fruto del diálogo, la colaboración y el entendimiento en materia de aguas de un grupo muy diverso de entidades como: CCOO, COAG, UPA, AEOPAS, FACUA Andalucía, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación SAVIA, Fundación Nueva Cultura del Agua o la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. Desde la sociedad civil, las entidades que componen la Mesa Social del Agua quieren contribuir de manera activa a producir cambios importantes, a través de un llamamiento al compromiso y la participación en la gestión, conservación y uso eficiente del agua.

El momento actual, con la emergencia climática, una crisis de seguridad hídrica de fondo y una nueva coyuntura de crisis económica tras el impacto del coronavirus, plantea la necesidad un debate urgente sobre el modelo de gestión del agua. Este nuevo modelo debe incorporar criterios de sostenibilidad en términos ambientales y sociales para iniciar una transición hídrica justa.

Igualmente, la Mesa apunta que es necesario implicar a la sociedad en el conocimiento del valor del agua como elemento básico de la naturaleza y de nuestra salud. En este sentido hay que recordar que es una responsabilidad esencial de las autoridades públicas, garantizar el correcto uso de este bien público, así como el acceso al agua potable y al saneamiento desde las instituciones locales, provinciales y nacionales, para asegurarlo como un auténtico derecho básico universal.

Las entidades que forman la Mesa Social del Agua solicitan a la Junta de Andalucía un acuerdo para gestionar el agua como bien público, basado en la salud de los ecosistemas y de todas las personas. Defienden que el Pacto Andaluz por el Agua no tiene ningún sentido si no incorpora una serie de principios que garanticen la protección de los ríos, humedales y acuíferos, así como la gestión pública, las inversiones en las infraestructuras de nuestros pueblos y ciudades y los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, la participación social activa y real, la solidaridad y la justicia ambiental. Para ello presentan unas directrices básicas de trabajo que sintetizan en forma de decálogo.

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