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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abonado en la provincia de Córdoba un total de 6,6 millones de euros correspondientes a las nóminas de octubre de 8.812 trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) aprobados para sus empresas, lo que refleja un descenso de casi el 70% de los contabilizados en abril, cuando 27.442 trabajadores estaban cubiertos con este tipo de prestación, que alcanzó en Córdoba los 26,88 millones de euros. Con todo, la cifra más alta de trabajadores en ERTE se produjo en mayo, con 41.844 personas. Ese mes, la nómina abonada por el SEPE alcanzó los 39,56 millones de euros.
La subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Rafaela Valenzuela, ha recordado que, de momento, la fecha establecida para el final de estas prórrogas es el 31 de enero y que será entonces cuando el Gobierno estudie “en qué punto nos encontramos y cuáles son las previsiones de futuro para recuperar la economía”. “El compromiso con las familias y con los trabajadores es total y la intención es que nadie se quede atrás hasta que esta situación temporal se normalice”, ha afirmado.
El Consejo de Ministros del pasado 29 de septiembre aprobó el Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo por el que prorrogaron los beneficios de los ERTE hasta el próximo 31 de enero de 2021, tras haber alcanzado un acuerdo al respecto con los agentes sociales. A partir de ahora, la base de cálculo para las prestaciones se mantiene en el 70% de la base reguladora de la persona trabajadora, que no verá disminuidos sus ingresos al 50% de la base reguladora una vez transcurridos los seis primeros meses, tal como ocurría hasta ahora.
Se mantienen además aspectos ya existentes, como que las empresas acogidas a ERTE no puedan realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad, o concertar nuevas contrataciones, directas o indirectas, salvo por razones de formación u otras causas objetivas y justificadas. Asimismo, sigue vigente la prohibición de despedir.
Estas medidas se enmarcan en el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones y los representantes de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y los representantes de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.
