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El juzgado de lo Penal número uno de Córdoba ha condenado a un médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinado en el hospital Infanta Margarita de Cabra por dos delitos de coacciones de carácter menos grave a una multa económica que suma 18.000 euros a razón de treinta meses de sanción a razón de veinte euros diarios.
La sentencia, que se inició con una denuncia interpuesta ante la Policía Nacional en 2016, considera probado que el galeno, que renunció a su contrato en el SAS antes de que se dictase sentencia, amenazó directamente a la esposa de un enfermo con una lesión medular y a un empresario del sector de la ortopedia con el propósito de que el material que estaba recetando, una silla de ruedas eléctrica valorada en más de 3.000 euros, fuese vendida por un negocio concreto de este sector abierto en la localidad de Cabra.
El relato de hechos arranca cuando la familia de un paciente con lesión medular y serios problemas para moverse por Baena, el lugar donde reside, se pone en contacto con una de las ortopedias de la localidad para conseguir una silla de ruedas con motor eléctrico por venta privada.
El propietario informó a la familia de que este tipo de productos se encuentran cubiertos por el SAS, de forma que solo tenían que ponerse en contacto con un especialista para que les recetase el vehículo más propicio para sus circunstancias. Así se hizo. La familia comenzó el periplo por la sanidad pública hasta que dio con un médico de rehabilitación del Infanta Margarita que fue quien le recetó la silla de ruedas eléctrica.
El material médico de ortopedia tiene un funcionamiento similar al de las farmacias. Los médicos recetan y el paciente elige dónde le viene mejor retirarla dentro de los negocios con convenio. En este caso, a la familia de Baena le era contraproducente tener que recoger la silla de ruedas eléctrica en Cabra y depender de una empresa ubicada en una localidad vecina para cuestiones como roturas o problemas de montaje.
El problema vino cuando al enterarse el médico, llamó a la esposa del paciente, a la que aseguró que o retiraba la silla de ruedas eléctrica de la ortopedia de Cabra o en ese momento rompía la receta y tendría que buscarse otro médico. Fue entonces cuando el Área de Atención Ciudadana del hospital Infanta Margarita se puso en contacto con la mujer y le aseguró que podía pedir la silla de ruedas donde le pareciese oportuno.
Por último, el médico llamó al propietario de la ortopedia de Baena con una amenaza muy seria. El delito de coacciones está penado de una forma muy amplia. En concreto, de seis meses a tres años de cárcel y de 12 a 24 meses de multa. La sentencia de Penal 1 estima que, dado que se trató de una coerción realizada por un funcionario público, más que una pena privativa de libertad lo que se debe dar es una pecuniaria.
FUENTE: ABC CÓRDOBA
