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El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Baena, Miguel Ángel Jurado, ha registrado una moción relativa a la situación en Andalucía de los ‘menores extranjeros no acompañados’ (Menas) para someterla a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal para su debate y aprobación, si procede.
Esta moción promueve que el Ayuntamiento de Baena inste al Gobierno de la Nación a que específicamente colabore con el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de inmigración para que se lleven a cabo planes especiales en atención a la saturación que están sufriendo los centros de menores de Andalucía.
A su vez, se pide a la Junta de Andalucía que actúe de manera inmediata con todas las medidas que sean necesarias para resolver la situación de vulneración de derechos de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en territorio andaluz y que se elabore de forma urgente e inmediata, un Plan Específico de Transición para menores extranjeros no acompañados y extutelados que les ofrezca apoyo y orientación en su proceso de transición a la vida adulta a nivel personal, social, laboral, económico y de emancipación.
Asimismo, en esta moción se incluye el reconocimiento público del Ayuntamiento de Baena a la labor realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el control de nuestras fronteras, condenando las agresiones que sufren estos profesionales en el ejercicio de su deber diario e insta al Gobierno de la nación a que aumente los efectivos en las zonas que más se necesiten para evitar estas agresiones y puedan ejercer su labor con eficacia y seguridad.
Según argumenta el grupo de Ciudadanos en su exposición de motivos, el artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 prevé el derecho a todo niño a preservar su identidad, esto quiere decir, no sólo a tener un nombre, una nacionalidad y a conocer su procedencia, sino que además obliga a las autoridades de los Estados que los suscribieron a utilizar todos los medios que estén a su alcance para que el niño no pierda dicha identidad.
De igual manera, se recoge esta protección en el artículo 39 de la Constitución Española que establece que los poderes públicos deben de asegurarles una protección integral, así como la obligación de garantizarles la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
A nivel autonómico existe la Ley 1/1998, de 12 de abril, de Derechos y Atención al menor en Andalucía, donde en su artículo 2 titulado «Protección de derechos», recoge que «las Administraciones Públicas de Andalucía velarán para que los menores gocen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de todos los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución, la Convención de Derechos del Niño y demás acuerdos internacionales, ratificados por España, así como por el resto del ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, etnia, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social».
Sin embargo, a pesar de ser acreedores de una especial protección por parte de todos los poderes públicos, actualmente no se están tomando todas las medidas necesarias con los menores que están llegando a las costas andaluzas, encontrándose en una verdadera situación de vulnerabilidad pues en ellos se aprecian tres condiciones esenciales, se tratan de «menores», «migrantes» y «no acompañados».
