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A falta de dos meses para el inicio de la campaña de molturación 2020/21, las almazaras industriales se encuentran en tal situación de incertidumbre que hace peligrar el futuro de la actividad y con ello, “más de 10.600 puestos de trabajo directos en España que se verán afectados por las modificaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Así lo advierten desde Almazaras Federadas de España que, a través de un comunicado lamenta que “no exista voluntad política para solucionar un problema creado por la propia Administración y que afecta al 40% de la producción de aceite de oliva”, ya que “el nuevo criterio aplicado por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para la presente campaña que obliga a las almazaras industriales a pagar al agricultor a los 30 días de la entrega de la aceituna, junto con la obligación de pagar por encima de los costes de producción, hacen verdaderamente difícil la compra de aceituna para la próxima campaña”.
En dicho comunicado, destacan además que “a la ya difícil situación del sector -que se enfrenta a un panorama no muy halagüeño, motivado por unas previsibles existencia de enlace estimada en 600.000 toneladas, unas previsiones de cosecha por encima de 1,5 toneladas y unas importaciones ilimitadas-, se une una mayor presión por parte de la Administración que se dedica a poner cortapisas a una parte significativa de la producción”.
A juicio de Almazaras Federadas, “no se entiende el motivo por lo que el Ministerio de Agricultura quiere perjudicar de forma deliberada a un sector en el que no ha habido denuncias entre agricultores y almazaras por aplazamientos de pago y no se comprende cómo pretenden permitir un hundimiento mayor, si cabe, del precio del mercado de aceite de oliva, cuando obligue a los agricultores proveedores de almazaras industriales a sacar a la venta el 40% de la producción entre enero y febrero”.
En este sentido, argumentan que “la consecuencia lógica de una concentración de la oferta de aceite de oliva en un momento puntual de la campaña, obligado por la necesidad de liquidar antes de 30 días debido a las amenazas de la Administración de imponer sanciones cuantiosas a quien no lo haga, supondrá, sin lugar a dudas, un decremento importante del precio del aceite de oliva que afectará a todos los operadores de la cadena de comercialización”.
Ante este panorama, se preguntan: ¿cómo se puede garantizar que el precio de mercado cubra los costes efectivos de producción? Si durante el plazo de los 30 días de pago, el precio de mercado está por debajo de los costes efectivos de producción, circunstancia que desgraciadamente se ha dado a lo largo de la actual campaña de molturación, ¿qué debe hacer una almazara industrial: pagar la aceituna por debajo de coste o esperar a que suba el precio y pagar al agricultor fuera de plazo? Ante una inspección de AICA, ¿por qué motivo sancionará, por incumplimiento de plazos, por fijar un precio por debajo de los costes efectivos de producción, o por ambos motivos?
“Estas circunstancias dificultan claramente la compra de aceituna de cara a la próxima campaña, por lo que la actividad de las almazaras industriales podrá verse afectadas por las mismas”, afirman y por ello, concluyen que “es fundamental dignificar la actividad del agricultor y la de la almazara. Hacer frente a circunstancias adversas motivadas por las condiciones de mercado es tarea costosa pero subsanable en el tiempo, pero que sea la propia Administración la que ponga impedimentos para cumplir sus propios mandatos, es algo a lo que este sector no se ha enfrentado nunca”.
